jueves, 31 de marzo de 2016

¿9.7 millones de toneladas de comida perdida?: Cifra Imposible.

¿9.7 millones de toneladas de comida perdida?: Cifra Imposible.


Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT


El director del Departamento Nacional de Planeación reveló recientemente los resultados de un estudio según el cual en el País se estarían desperdiciando 9,76 millones de toneladas de comida, una tercera parte de la oferta disponible. Esta cifra, que con razón ha provocado la reacción indignada de las gentes de buena voluntad, tiene un solo problema: es imposible. Veamos.

En la página del DNP aparece una gráfica donde se desglosa la comida desperdiciada en varios rubros. Según esa información, anualmente se pierden 6.1 millones de toneladas de frutas y verduras; 2,4 millones de raíces y tubérculos; 772 mil de cereales; 269 mil de cárnicos; 148 mil de granos; 50 mil de pescado y 29 mil de lácteos. El grueso del problema está en los dos primeros rubros de los que se estarían perdiendo 8.5 millones de toneladas. Basta pues con referirse a ellos.

La Encuesta Nacional Agropecuaria del DANE de 2014 indaga por la producción anual de 37 productos. No están allí ni el arroz ni la caña de azúcar cuya información se recolecta al parecer por otros instrumentos. Dejando de lado el café, el tabaco, el algodón y la caña panelera, los 33 productos restantes de la ENA se agruparon en tres categorías, a saber: frutas y verduras, de las que se produjeron 4.239.412 toneladas; raíces y tubérculos, con una producción de 2.367.035 toneladas y granos con una producción de 891.979 toneladas. La tabla 1 presenta los resultados y los compra con las estimaciones de pérdidas del DNP. Definitivamente las cosas no cuadran: en frutas y verduras la pérdida es un 43% superior a la producción y en raíces y tubérculos es prácticamente igual. La única cifra que tiene algún sentido es la de granos.
Tabla 1


En raíces y tubérculos están incluidos la papa y la yuca, solamente. Pero es dudoso que la arracacha y el ñame alcancen un volumen que dé sentido a las cifras del DNP.  En frutas y verduras están incluidos los siguientes productos: arveja, cebolla cabezona, cebolla larga, tomate, zanahoria, hortalizas, banano doméstico, mango, naranja, plátano, aguacate, curaba, granadilla, guanábana, guayaba, limón, lulo, mandarina, maracuyá, mora, papaya, piña, pitahaya, tomate de árbol y otras frutas.

Las cosas no mejoran, por el contrario, empeoran cuando se tienen en cuenta las importaciones y exportaciones para estimar la oferta disponible. De las estadísticas de comercio exterior del DANE se toman los datos de importaciones y exportaciones según la clasificación central de producto. Son los cuadros 9A y 11, respectivamente. Interesan dos agrupaciones: “legumbres, hortalizas, raíces y tubérculos”, de una parte; y “frutas y nueces”, de la otra. Estas agrupaciones no coinciden con las empleadas en el estudio del DNP, pero si en el agregado. La tabla 2 muestra los resultados. Al considerar el comercio exterior, la oferta disponible de alimentos – frutas, verduras, raíces, tubérculos – es de 6.162.209 toneladas en tanto que las pérdidas son de 8.500.000 toneladas. Se estarían perdiendo 2.3 millones de toneladas por encima de la oferta disponible.

Tabla 2


El dato resultante de oferta disponible de la tabla 2 parece tener bastante sentido. Para unos 49 millones de habitantes que puede ser la población del País, se tendría una oferta disponible anual de 126 kilos por habitante. FEDEPAPA estima el consumo per cápita de este tubérculo en 60 kilos anuales. Si asumimos como cierto ese dato, quedan 66 kilos.

En la página de Ministerio de Agricultura hay una nota titulada “En Colombia 35% de las personas no consumen frutas y 70% no consume hortalizas diariamente”. Esa noticia daba cuenta del 1er Congreso Nacional de Promoción al Consumo de Frutas y Hortalizas, realizado en julio de 2015. En dicho evento, el presidente de la junta directiva de ASOHORFRUCOL señaló que “según la OMS la ingesta diaria mínima de consumo de productos hortifrutìcolas es de 400 gramos, Colombia está en 100 gramos”.  Si esto es verdad, el consumo anual per-cápita de frutas y verduras sería de unos 36 kilos. Quedan 30 kilos.

En esos 30 kilos está incluida la yuca que tiene muchos usos industriales. Si asumimos un consumo per cápita de yuca de 5 a 10 kilos anuales, quedaría una pérdida per cápita de entre 25 y 20 kilos. Las pérdidas estarían pues entre un 16% y un 20% de la oferta disponible. Es decir, entre 1 y 1.25 millones de toneladas anuales.

LGVA
Marzo de 2016.



sábado, 19 de marzo de 2016

Manuel Ignacio Dussan Villaveces: arquitecto del mercado eléctrico

Manuel Ignacio Dussan Villaveces: arquitecto del mercado eléctrico

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Universidad EAFIT

El 25 de octubre del 1998 el periódico El Tiempo publicó una nota titulada “La parejita gaseosa” refiriéndose a un par de consultores contratados por el Ministerio de Minas y Energía con el objeto formular propuestas regulatorias para el mercado de gas combustible. Se trataba Evamarìa Uribe Tobón y de su esposo Manuel Ignacio Dussan Villaveces quienes regresaban al País después de desempeñarse durante cuatro años como funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo. Manuel Ignacio falleció el 17 de marzo después de luchar, firmemente acompañado por Evamarìa, con un agresivo cáncer que lo aquejaba desde hace dos años.


La parejita gaseosa inicialmente fue una parejita eléctrica pues se conocieron y se enamoraron cuando se desempeñaban como expertos comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas en 1994. Allí, en la novísima CREG, con Fernando Barrera Quintero, dieron desarrollo regulatorio a las disposiciones de las leyes 142 y 143. Durante el breve y fructífero período en que permanecieron en la CREG se expidieron las resoluciones que pusieron en funcionamiento el mercado eléctrico y sentaron las bases de la regulación de las actividades de comercialización, distribución y transmisión.

Manuel Ignacio había llegado al País después de trabajar durante unos 15 años como funcionario de la banca multilateral con sede en Washington. Ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes y Magister en Sistemas de Potencia de la Universidad de Northwestern, inició su brillante carrera profesional en ISA de donde se retiró, en 1978, cuando se desempeñaba como gerente de operaciones para emprender su largo periplo de consultor internacional. No quiso el destino que en aquel entonces su vida se cruzara con la de Evamarìa quien, en ese mismo año, pocos días después de su retiro, ingresaba como analista de la gerencia financiera entonces a cargo de Jorge Eduardo Cock. Se encontrarían quince años después para tejer una profunda relación basada en la única sustancia duradera del amor: la admiración y el respeto mutuos.

La mayor parte de la vida profesional de Manuel Ignacio fue la de un trotamundos: asesorando, bien como funcionario de la banca multilateral o como consultor independiente, gobiernos y entidades en el diseño de mercados de energía, evaluación de proyectos y regulación y planeación del sector energético. Fueron muchos los países de América Latina y de Europa del Este en los que dejó la huella de su inteligencia y su consejo prudente y moderado.

Uno de los rasgos más destacados de su personalidad fue la forma mesurada y desapasionada de exponer y sustentar sus puntos de vista, casi rayana en el desapego y ajena a todo dogmatismo. Seguía al parecer la recomendación del Secretario Florentino según la cual le corresponde al consejero  "decir su opinión sin pasión y sin pasión y con modestia defenderla", consciente quizás de que es el decisor, no el consultor, quien se juega el pellejo con la adopción de la política recomendada.

Hablaba pasito, en tono menor, en ocasiones apenas susurraba y en esos momentos las demás voces se callaban y las orejas se ponían alertas conscientes de que iban a escuchar de su boca palabras cargadas de inteligencia, de buen juicio y sensatez. Como todos los que tuvieron el privilegio de tratarlo aprendí muchas cosas de él y admiré siempre su distinción personal y su elegancia intelectual.  Gracias por mucho, Manuel.

LGVA
Marzo de 2016.


sábado, 12 de marzo de 2016

Multas al consumo de licor y drogas en el espacio público: ¿Combate a la inseguridad o atentando contra la libertad individual?

Multas al consumo de licor y drogas en el espacio público: ¿Combate a la inseguridad o atentando contra la libertad individual?

Luis Guillermo Vélez Álvarez
Economista, Docente Universidad EAFIT

En 2015, según la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC) del DANE, el 12% de los habitantes de Medellín mayores de 15 años reportó haber sido víctima de alguno de los delitos indagados por la encuesta: hurto a personas o residencias, riñas y peleas, robo de vehículos y extorsión. Casi cuatro puntos porcentuales menos que en 2014. La tasa de denuncia – el porcentaje de delitos cometidos que fueron reportados a las autoridades – aumentó ligeramente, al tiempo que disminuyó en 8 puntos porcentuales la percepción de inseguridad.  


Ciertamente hay una mejoría. No obstante, la aplicación de esos porcentajes, que según el DANE son representativos, al conjunto de la población mayor de 15 años para obtener así una estimación de los delitos cometidos en cada uno de los últimos 4 años no deja gran espacio a la autocomplacencia que en esa materia gustan de exhibir las autoridades. En los últimos 4 años se habrían cometido en Medellín 1.213.112 de esos delitos, es decir, 831 diarios o 35 cada hora.  

Según las autoridades se registra una importante reducción en la tasa de homicidios lo que ha permitido que la Ciudad salga del ominoso ranking de las 50 más inseguras de mundo.  No obstante, parece que los criminales no se resignan a perder figuración y en enero cometieron 44 homicidios, 11 más que en el mismo mes del año pasado[1]. La ECSC no desagrega la tasa de victimización por extorsión, pero según un estudio de la Universidad de Antioquia esta modalidad criminal se enseñorea en 247 de los 308 barrios de Medellín[2] donde son extorsionados tenderos, taxistas, conductores de bus y hasta los recicladores de basura.

Gráfica 1.


La ECSC solo se aplica en 28 ciudades capitales del País, no ofrece información departamental. Sin embargo. además de lo que significan las cifras de Medellín en el conjunto de Antioquia, existen indicadores que sugieren que en el Departamento la situación de seguridad ciudadana está lejos de ser halagüeña. En 2015 se registraron 969 homicidios, 113 más que en 2014[3]: se pasó de 13 a 15 homicidios por 100.000 habitantes. Según la Fundación País Libre, entre enero y septiembre de 2014 se reportaron en Antioquia 20 casos de secuestro y 440 de extorsión, más que en cualquier otro departamento y el 8% de las reportadas en todo el País[4].  Al parecer este delito está golpeando especialmente el Bajo Cauca – en Caucasia, se dice, todo mundo está extorsionado[5]- y el Oriente del Departamento, donde las autoridades tuvieron la ocurrencia de organizar, en diciembre pasado, una prueba atlética para combatirlo[6].  También en Urabá parece ser importante la incidencia de la extorsión, con el agravante de que, en 2014, algunos miembros de la policía decidieron establecerse por cuenta propia en este negocio[7].

Seguramente este panorama de inseguridad en Medellín y Antioquia fue tenido en cuenta hace unos meses por los entonces candidatos a la alcaldía y a la gobernación, los señores Gutierrez y Pérez, cuando prometieron combatir la inseguridad con todos los medios a su alcance. Hoy, ya en su condición de titulares de esos cargos, anuncian con bombos y platillos la primera gran medida de ese señero combate: la imposición de comparendos y multas a quienes ingieran alcohol o fumen marihuana en espacio público.

“Controlar el expendio y consumo de licor en espacios públicos de Medellín es el nuevo objetivo de la Policía y del secretario de Seguridad, Gustavo Villegas” se lee en nota publicada en El Colombiano el pasado 2 de marzo. El señor Villegas explica que, según la ordenanza 018 de 2012, el expendio y consumo de licor en espacio público es una contravención de policía que se sanciona con una multa de uno a cinco salarios mínimos mensuales. Y ¿cuál es el objetivo? Reducir las más de 15.000 riñas que se presentan al mes en la Ciudad, dice el señor Villegas.  Por su parte, el comandante operativo de la policía, el coronel Vásquez, se regodea diciendo que se busca “erradicar los malos hábitos” que han tenido los medellinenses. “El consumo de licor en parques como El Periodista, Lleras y El Poblado son malas costumbres, pero le apuntamos a erradicarlas con educación, poniendo a la gente en el contexto de la norma”, acota el coronel[8]

No es menos patética la presentación que de su novedosa política de aplicación de comparendos a los consumidores de droga en espacios públicos hizo el señor gobernador Luis Pérez. Lo hizo en el marco de un consejo de seguridad realizado el 8 de marzo en el que se comprometió a hacer de Antioquia “el territorio más pacífico del País”. Señaló que para adelantar esa política “nosotros tenemos una ordenanza del año 2002 que permite que multemos a los que están en el espacio público usando droga.”. Y añadió: “Estas multas todas las vamos a recoger en la Gobernación de Antioquia y si no pagan en los 30 días siguientes, vamos a hacer un listado de morosos y vamos a publicar a todos aquellos como una labor pedagógica, con el fin de que empecemos a generar un castigo social”[9]. ¡Qué tal esa: castigo social! ¿Por qué no la hoguera?

El asesinato, el hurto, el asalto, el robo, el secuestro o la extorsión son delitos que los hombres de todas las épocas y latitudes reconocen como tales de forma casi instintiva porque se trata de agresiones a la persona o a la propiedad. Son actos inherentemente malos: malum in se. El contrabando, el tráfico de drogas, la prostitución, los juegos de azar o el expendio y consumo de licor en el espacio público son actividades convertidas en delitos por disposición de los gobiernos. Son actos malos porque son prohibido: malum prohibitum.

La corrupción policial surge especialmente en las actividades convertidas en delito en virtud de la ley por el hecho elemental de que la sociedad es más tolerante con ellas. El consumo de licor en los parques puede molestar a muchas personas, pero seguramente éstas se sentirán considerablemente más molestas e inseguras por el aumento de los asesinatos, el hurto o la extorsión. Al decretar la guerra al expendio y consumo de licor en el espacio público, las autoridades les están otorgando a los agentes de policía asignados a dicha tarea el poder de vender licencias extraoficiales a las personas que realizan esas actividades – los vendedores y compradores de licor o marihuana-  que están dispuestas a pagar el precio que el mercado les asignará inevitablemente a esas licencias.  Seguramente serán más costosas los fines de semana y en los lugares donde abundan los jóvenes consumidores con mayor poder de compra y su precio debe situarse, por ejemplo, en algún punto de la brecha entre el precio de la cerveza en espacio público y el precio cobrado en los bares y cantinas de los alrededores de los parques que serán objeto de la vigilancia y cuyos propietarios, dicho sea de paso, serán los grandes beneficiarios de esa intervención pues verán incrementada su demanda y podrán cobrar más dinero por sus servicios.

Por otra parte, como la policía no puede otorgar sus licencias a todos los vendedores de licores o drogas que concurren en el mercado pues el precio de estás se vendría al suelo, terminará por establecer tratos con uno o con pocos de ellos por lo que se configurarán monopolios u oligopolios en los diferentes parques sometidos a control. Esto elevará el precio del licor y la droga. Pero más grave aún, como las licencias no pueden asignarse en subasta pública o mediante otro procedimiento competitivo no es improbable que su obtención desate enfrentamientos entre los vendedores, especialmente los de droga, elevando la inseguridad en los parques y poniendo a los jóvenes que los frecuentan en riesgo de ser víctimas de esos enfrentamientos.

Contrariamente a lo que parece creer el señor Villegas, los parques donde se reúnen los jóvenes son sitios relativamente seguros y las quince mil riñas mensuales solo existen en su imaginación. Según el ECSC la tasa de incidencia de las “riñas y peleas” fue de 1,5% en 2015. Aplicado este porcentaje a la población arroja un total de 30.204 riñas al año, es decir, una 2.517 por mes, cifra bastante lejana de las 15.000 de las que habla el señor Villegas.  Adicionalmente, la percepción de inseguridad en los parques de la Ciudad es menor que en cualquier otro espacio público como lo reporta la ECSC de 2015, cuyos resultados se reproducen en la gráfica 2.

Gráfica 2


La decisión de convertir en delincuentes a los grupos de jóvenes que en las noches de los fines de semana beben cerveza o fuman marihuana en el Parque de El Poblado, en Ciudad del Rio, en el barrio Carlos E. Restrepo, en el Parque del Periodista y otros sitios de encuentro de la Ciudad tendrá las siguientes consecuencias:

·         Aumento de los actos inherentemente delictivos - asesinato, el hurto, el asalto, el robo, el secuestro – pues una parte considerable del pie de fuerza policial, de cuya precariedad se quejan siempre las autoridades civiles, dejará de perseguir a los delincuentes para perseguir en su lugar a los jóvenes que beben cerveza o fuman marihuana en los parques de la Ciudad y a quienes les proveen esos artículos.

·         Aumento de la corrupción policial al crearse para los agentes de policía el negocio de venta de franquicias y licencias extraoficiales para permitir y tolerar el consumo de licores y droga en el espacio público.

·         Aumento del precio de la marihuana y demás sustancias ilegales como consecuencia del mayor costo de las franquicias o licencias para su venta o consumo. Es decir, del mayor costo de la extorsión.

·         Aumento de la demanda y del precio de licores y cerveza en los bares y cantinas de los alrededores de los parques sometidos a vigilancia. Sus propietarios estarán muy agradecidos con el señor Villegas.   

·         Aumento de la violencia y la inseguridad en los parques sometidos a control como consecuencia de los enfrentamientos entre los vendedores, especialmente de drogas, que buscarán hacerse al control monopolístico de esos mercados disputando el soborno a la policía.  

Todo lo anterior puede ser grave, pero más grave aún es la puerta que se abre para que la policía pueda perpetrar nuevos y crecientes atentados contra las libertades individuales de los jóvenes que por el mero hecho de estar en los parques de su Ciudad serán observados, vigilados, inspeccionados, controlados, requisados, manoseados, sermoneados, hostigados, seguidos, ridiculizados y multados; y, ante el menor signo de resistencia, podrán ser reprimidos, maltratados, golpeados o encarcelados; y si no pagan las mulatas serán anotados en listas negras para ser sometidos al escarnio público como lo quiere el gobernador.

LGVA
Marzo de 2016.






[4] Fundación País Libre. Libertad y Seguridad. Boletín No 16. Enero-septiembre de 2014. http://www.paislibre.org/images/Boletin_seguridad_N16_FPL.pdf